EL FASCISMO FRANQUISTA, CUESTIÓN DE SEGURIDAD NACIONAL

Ayer destacaba el profesor de Derecho Penal Internacional Miguel Ángel Rodríguez Arias que parece increíble que la primera persona procesada por los crímenes del franquismo sea el juez que pretende investigar esos mismos crímenes.

Las reparaciones a las más de 150.000 víctimas del franquismo a través de la esperada Ley de Memoria Histórica han quedado en nada gracias, una vez más, a la incapacidad del PSOE, que no ha querido sacar adelante una ley "justa", es decir, que aplique eso que los demócratas llamamos JUSTICIA, y que tantas veces tiene tan poco que ver con la LEY.

De los insultos del PSOE a la Justicia nace pues la Iniciativa Legislativa Popular que prevé llevar al Congreso una auténtica "Ley de verdad, justicia y reparación para las víctimas del genocidio y la dictadura franquista y el posterior periodo de impunidad", cuyo borrador se puede consultar aquí.

Mientras asistimos a estos vaivenes, debemos preguntarnos porqué una parte sustancial de las máximas instancias estatales de Justicia (nada menos que el TC) hacen el caldo gordo a residuales asociaciones de extrema derecha franquista, queriendo sentar a Garzón por pretender mover los crímenes de los franquistas.

Y quizá sea por eso, porque no es a Franco a quien se pretende juzgar, sino a todo un aparato estatal fascista al servicio del exterminio del adversario político, que estuvo a pleno rendimiento hasta más allá de los 50, con la represión de la guerrilla antifranquista y llo peor de la posguerra, y que luego rebajó su intensidad bajo la comprensiva mirada de Eisenhower y el "mundo libre." Pero siguió siendo una eficaz máquina de asesinar hasta su último aliento fascista, bien muerto el dictador y bien entrada la Transición, como nos recuerdan los sucesos de Atocha y los abogados laboralistas, por ejemplo.
El hecho de que en 2010 sea imposible juzgar el franquismo y reparar a sus cientos de miles de víctimas, nos lleva a enfrentarnos a una inquietante verdad: los juicios contra los franquistas asesinos, sólo contra los franquistas con las manos manchadas de sangre, de crímenes contra la Humanidad, incomodan a la clase política actual y a una buena parte de la judicatura que no ha efectuado su propia transición desde valores fascistas a valores democráticos, como señala la nieta de Negrín.

Se me ocurre que la relajación de la clase política dominante -el PPSOE- a este respecto durante estos 30 años de secuestro de la JUSTICIA, quizá tenga que ver con cuestiones genéticas e incómodos apellidos que hoy son de demócratas pero ayer pertenecían a los que aplaudían el genocidio político capitaneado por el Centinela de Occidente. Es interesante saber de las hazañas políticas de los abuelitos y padres de jerarcas peperos , aunque parece que apellidos como Bono, De la Vega o Conde Pumpido convierten a una parte del PSOE en interesada en la ocultación de los largos tentáculos de la complicidad con el fascismo franquista.

¿Son el franquismo y sus crímenes, por tanto, una delicada cuestión de Estado, una cuestión de seguridad nacional que haría inquietar a muchos apellidos del PPSOE si se investigasen a fondo los crímenes franquistas y sus cómplices necesarios para el asesinato masivo que se puso en marcha el 17 de julio de 1936 y que terminó casi en los 80' del siglo XX? Visto lo visto, la pregunta me parece pertinente. Es hora de saber si algunos apellidos son más leales a pasadas adhesiones inquebrantables que a los valores democráticos que exportamos a bombazos por los solares de Afganistán.

¿Quizá un día haya que echar mano de la OTAN para meter por la senda de la Democracia a unos cuantos fascio-talibanes de por aquí?